Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica

 

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 17 países de América del Norte, del Sur y Centroamérica.

 

Fue creado para prevenir y combatir el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra estos flagelos y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.

 

El GAFILAT es uno de los grupos regionales del Grupo de Acción Financiera GAFI/FATF (Grupo de Acción Financiera Internacional/Financial Action Task Force) y está conformado por Paraguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay.

 

El Grupo obtuvo la categoría de miembro asociado del GAFI y en ese sentido participa en la elaboración, revisión y modificación, a la vez que adhiere, las 40 Recomendaciones emitidas por este mismo organismo. Estas buenas prácticas son el estándar internacional más reconocido a nivel mundial en materia de prevención y combate de LA/FT.

 

El GAFILAT apoya a sus miembros en la implementación de las 40 Recomendaciones y en la creación de un sistema regional de prevención contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Las herramientas principales para asistir a los países son las medidas de capacitación y asistencia técnica (a través de la elaboración de guías, informes y documentos de apoyo), y las evaluaciones mutuas.

 

Paraguay miembro del GAFILAT

La República del Paraguay, como miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica, está siendo evaluada en el marco de la 4ª Ronda de Evaluaciones Mutuas.

 

Trabajo del Ministerio Público del Paraguay

En ese sentido, el Ministerio Público de Paraguay tiene el compromiso asumido con la ciudadanía en la lucha frontal contra el Lavado de Dinero, la Financiación del Terrorismo y hechos punibles de similares características para preservar la integridad del orden económico. La Institución aplica una serie de políticas contra estas organizaciones, además de profundizar los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.

 

El Ministerio Público trabaja de manera interinstitucional con entidades del Poder Ejecutivo y los Poderes Judicial y Legislativo, el Banco Central del Paraguay, la Contraloría General de la República, entre otras instituciones.